Previo a cualquier planificación urbana, es necesario evaluar los impactos existentes al objeto de estudiar su atenuación. Lo lógico sería que la administración pública cumpliera su cometido de control y disciplina cuando una actuación descompense los derechos de los demás. Debemos recordar que el principal objetivo del urbanismo es preservar los derechos de los ciudadanos tanto desde el punto de vista económico, las plusvalías generadas por los aprovechamientos son de todos los ciudadanos, como el de bienestar.
La evaluación del impacto también tiene que ver con la acción a desarrollar que debe presentar las bases de la operación pretendida para ser sometida a debate por todos los sectores de la población afectada. La acción urbana, como labor pública que es, debe ser democrática. Permisos sesgados basados en la única justificación del interesado hace cómplice al que otorga derechos que corresponden a toda la ciudadanía.
Y cuando tratamos de impacto no sólo concierne al medioambiente, atañe también al que tiene sobre la salud, el bienestar, fiscal, climático,…. Todos estos datos otorgan fiabilidad a los trabajos de los equipos redactores pero también debieran ser definitivos para los permisos gubernamentales, recordando que este tipo de decisiones administrativas son actos reglados que no pueden estar sometidos a la subjetividad.
Cualquier actuación influye en multitud de factores que pueden modificar el modelo de ciudad pretendido; tráfico, ruido, calidad del aire, gastos de servicios públicos,… pero los aspectos medioambientales influyen en un derecho fundamental, las salud física y mental. Toda acción tiene impactos y uno de los principales objetivos de los documentos técnicos es analizar como se mitigan éstos, cuestión que, hoy por hoy, no es tenida en cuenta. Los documentos son un conjunto de apartados acorde a un índice tipo que, en ocasiones, no se corresponde con el entorno tratado.
El análisis de los impactos determina el alcance de la planificación urbana propuesta. El agua, humedales, renovación de estructuras existentes, recursos históricos, vegetación, dotaciones, población objeto, además de otros aspectos ya señalados, deben ser analizados para ser integrados y diseñar acciones de mitigación de los aspectos negativos existentes y generados en un futuro.
Se hace indispensable un amplio estudio previo del desarrollo previsto que analice todos los impactos de efectos negativos, con posibles medidas alternativas que permitan mitigarlos, para ser sometido a debate a dos escalas; municipal que evalúe los efectos que pueda tener sobre los aprovechamientos, propiedad de todos los ciudadanos, y nivel de barrio para el resto de consecuencias.
Los diferentes usos diseñados deben ser complementarios de los de la ciudad para evitar los procesos de sustitución urbana a los que estamos acostumbrados. De la misma forma, el análisis de costos e ingresos deben ser analizados con valor futuro y no como hasta ahora; se otorga aprovechamientos a una oferta que sólo reporta beneficios al promotor de la actuación y carga de por vida de unos inmensos costos de servicios públicos que no se compensan con los ingresos al no aumentar la población de la localidad.
El análisis debe indicar los beneficios para la ciudad, teniendo en cuenta sus consecuencias; colegios, centros de salud, parques, transporte público, abastecimiento, saneamiento,… La mezcla de usos se hace fundamental para incrementar el bienestar y disminuir las emisiones de CO2 equivalente, y hay experiencias en marcha como la ciudad de 15 minutos diseñada por el profesor @CarlosMorenoFr ; todos los servicios disponibles a 15 minutos andando. También debería haber límites de consumo energético y emisiones de CO2 que, en ningún caso, debería ser superior a la media de las ciudades, no teniendo en cuenta los grandes consumidores y tendiendo al balance neutro. La huella de carbono y la biocapacidad debe incluirse como indicadores a tener en cuenta.
Víctor Zarco 